El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos en activo o retirados, acusados de actuar como operadores al servicio del Cártel de Sinaloa. La acusación, anunciada por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, señala que estos servidores públicos habrían utilizado sus cargos para facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense, convirtiendo las instituciones del estado en un engranaje del crimen organizado.
En un movimiento judicial de alcance histórico, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra diez actuales y exfuncionarios del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador en funciones Rubén Rocha Moya. La acusación, anunciada conjuntamente por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, los señala de haber conspirado con el Cártel de Sinaloa —específicamente con la facción conocida como los “Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— para inundar el mercado estadounidense con fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas a cambio de sobornos millonarios y respaldo político.
Según la acusación, la corrupción no fue periférica sino estructural: los implicados habrían blindado a los líderes del cártel frente a investigaciones y arrestos, filtrado información confidencial de operativos militares y policiales, y puesto a disposición del crimen organizado cuerpos enteros de seguridad pública, incluyendo la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal de Culiacán.
El caso de Rocha Moya resulta particularmente grave: la acusación sostiene que los propios Chapitos habrían contribuido a su elección como gobernador en 2021 mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos, y que en contraprestación él les garantizó impunidad operativa en el estado. Otro de los acusados, Dámaso Castro Saavedra, subprocurador de la Fiscalía de Sinaloa, habría recibido alrededor de 11,000 dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros y alertarlos sobre operativos respaldados por Estados Unidos.
El caso más perturbador involucra a Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien además enfrenta cargos por participar en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurrido en octubre de 2023, presuntamente porque se sospechaba que dicha fuente colaboraba con esta investigación.
La acusación forma parte de una ofensiva judicial más amplia que desde 2023 ha resultado en cargos contra más de 30 miembros y asociados del Cártel de Sinaloa. Todos los implicados se encuentran actualmente en México.