En el gobierno de Samuel García, el DIF de Nuevo León ha realizado 14 pagos por 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato, una empresa perteneciente al Grupo Cimarrón, propiedad de Teodoro Martínez Ramos y Teodoro Martínez Ruiz. Esta empresa contrató los servicios de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho del gobernador y su padre, Samuel García Mascorro.
Gran parte de los contratos se asignaron durante la gestión de Miguel Sánchez, actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y ex empleado del despacho de García. Sánchez enfrenta un proceso judicial por negligencia en la muerte de un menor en el DIF Fabriles y obtuvo un amparo para no ser imputado.
Este intercambio es parte de un modo de operación en el que participan empresas privadas del gobernador y exempleados convertidos en funcionarios que entregan recursos públicos.
De acuerdo con su perfil de LinkedIn y notas periodísticas, Miguel Ángel Sánchez Rivera, el primer director del DIF Nuevo León en la administración de Samuel García y que desde esa posición hizo 14 pagos a Comercializadora Don Cacahuato, trabajó en la firma del gobernador entre 2015 y 2016.
En mayo, Latinus publicó cómo otro exempleado del despacho de Samuel García se convirtió en funcionario de Nuevo León y entregó contratos por 175 millones de pesos a una consultora privada para que resolviera litigios fiscales del gobierno estatal.